PARTIDO HUMANISTA

Discurso de Investidura del Presidente del Consejo de Ministros,
Señor Yehude Simon Munaro, ante el Congreso de la República

Una agenda de gobierno
para que el Perú siga creciendo
y reduciendo la pobreza

Lima, 6 de noviembre de 2008

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Señor Presidente del Congreso, señoras y señores parlamentarios:
en cumplimiento de lo establecido en el artículo 130° de la Constitución
Política del Perú, y en compañía de los ministros que conforman el
Gabinete que presido, concurro a este honorable Congreso para exponer y
debatir la política general de gobierno y las principales medidas que
marcarán el Norte de mi gestión, para cuyo efecto planteamos una
cuestión de confianza.

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Llegó la hora de compartir
Somos un solo país y llegó la hora de compartir. Pero, ¿qué queremos compartir?
Queremos compartir con todas las familias peruanas:
- Las aspiraciones y desafíos de la ciudadanía.
- La abundancia de recursos, pero también las carencias de estos.
- El agua y las sequías.
- El crecimiento y el déficit.
- El desarrollo y el subdesarrollo.
- La educación y el analfabetismo.
- La salud y la enfermedad.
- La riqueza y la pobreza.
- Los sueños y los desvelos.
- La felicidad y la tristeza.
- Los triunfos y los fracasos.
- Nuestros problemas y sus soluciones.
- La transparencia en el acceso a la información pública.
- El derecho a la privacidad.
- Los mercados que nos abren nuestros tratados comerciales.
- Los beneficios del Acuerdo de Promoción Comercial con Estados Unidos.
- Y la mayor conexión con el mundo, las inversiones y los empleos dignos que generará
APEC, para cuya Cumbre de Líderes faltan apenas 10 días.
Crecimiento nacional durante una crisis global
En este encuentro entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo
– que hoy es a su vez un encuentro entre el Perú y sus regiones –, es fundamental que
reflexionemos sobre un hecho capital. Mientras la mayor parte de países del mundo se
debaten en una crisis de incertidumbre y recurren a organismos internacionales en busca
de salvataje financiero para sus economías, el Perú seguirá creciendo y seguirá
reduciendo la pobreza.
Obviamente, esta crisis que arremete ahora es mucho más severa que las
anteriores, y por eso no solo infunde temor en los grandes centros financieros
mundiales, sino también una honda crisis de expectativas en los hogares de los
ciudadanos comunes y corrientes de todas las naciones. Ningún país es inmune al
impacto de estos remezones en esta era de total interconexión económica. Pero estamos
convencidos de que el Perú no solo resistirá mejor que otros países el embate de la crisis
internacional, sino que además saldrá fortalecido de ella.

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Seis pilares de la gestión de gobierno
Inspirada en esa demanda fundamental de mayor equidad, la agenda de gobierno
se asienta sobre seis grandes pilares que serán el norte de la política general de gobierno
durante mi gestión:
(1) Lucha Frontal contra la Corrupción, Política de Transparencia, de Rendición
de Cuentas y Profesionalización del Estado, (2) Profundización del proceso de
Descentralización y Regionalización, (3) Desarrollo Económico con Inclusión Social y
Reducción de la Pobreza, (4) Seguridad Ciudadana y Lucha contra el Narcotráfico y el
Terrorismo, (5) Paz Social y Concertación y (6) Protección del País contra la Crisis
Financiera Internacional.
1. LUCHA FRONTAL CONTRA LA CORRUPCIÓN, POLÍTICA DE TRANSPARENCIA, DE
RENDICIÓN DE CUENTAS Y PROFESIONALIZACIÓN DEL ESTADO
Políticas Anticorrupción y Responsabilidad del Estado
No cabe duda alguna que la corrupción genera retraso, produce ignorancia y
lastima gravemente la vida ciudadana. Por eso, hago de esta política de lucha frontal
contra la corrupción, el principal objetivo de mi gestión.
Señor Presidente, no hay crecimiento económico sostenido sin crecimiento
moral. Todos los ciudadanos estamos obligados a luchar contra la corrupción, pero
sobre todo quienes hemos recibido la confianza del pueblo para conducir sus destinos.
Es deber primordial del Estado promover el bienestar general sobre la base de la justicia
y el desarrollo integral y equilibrado de la Nación, y esos nobles objetivos solo pueden
ser cumplidos de la mano de una política enérgica y sincera contra la corrupción, que se
imprima desde las más altas esferas de la organización estatal hasta sus niveles más
básicos.
Estoy convencido de que los frutos de nuestro crecimiento económico quedarán
bien asegurados si este se hace al mismo ritmo de un importante crecimiento moral.
Nuestros hijos y nuestros nietos, vivirán en el país que se merecen, un país sin
corrupción.
La tarea en esta materia es ardua, y por eso es imposible que el Poder Ejecutivo
la pueda realizar de manera aislada. Es indispensable contar con el apoyo de todas las
fuerzas vivas de la sociedad, pero sobre todo de nuestras instituciones más
representativas. Por ello, desde ya invoco y comprometo en esta lucha al propio
Congreso de la República ante el cual me presento, al Poder Judicial, al Ministerio
Público, a los Gobiernos Regionales y a los Gobiernos Locales, así como a los

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organismos constitucionales autónomos. Para que en ejercicio de sus propias
autonomías se aúnen a este esfuerzo dirigido a generar, todos juntos, el bienestar
ciudadano que los peruanos nos merecemos, y especialmente los peruanos más
olvidados, los de menores recursos, los permanentemente postergados.
El Perú es respetuoso de los tratados y convenios internacionales y, dentro del
marco de los acuerdos anticorrupción suscritos con la Organización de las Naciones
Unidas y con la Organización de los Estados Americanos es que nos encontramos
comprometidos a establecer acciones y desarrollar políticas concretas que nos permitan
contrarrestar este flagelo en todo nivel de la organización estatal.
Por ello, uno de los elementos centrales de mi gestión como Presidente del
Consejo de Ministros será la lucha frontal y directa no sólo contra los actos de
corrupción en los que incurren los funcionarios y servidores públicos sino también
respecto de quienes ocupen cargos políticos y de confianza dentro del aparato estatal.
Debo resaltar que una política permanente que nos permitirá luchar contra este
flagelo sólo será posible si es que unimos fuerzas desde el Poder Ejecutivo, el
Congreso, el Poder Judicial, los Gobiernos Regionales, los Gobiernos Locales y los
Organismos Constitucionales Autónomos. Respetando nuestras autonomías, y
ejerciendo responsablemente nuestras competencias, debemos realizar acciones
concretas, enérgicas y decididas para erradicar de una vez por todas ésta lacra social que
solo nos ha traído subdesarrollo y ha frenado nuestra competitividad, afectando
gravemente nuestra imagen ante el mundo. En esta misma línea, fortaleceremos el
accionar activo de la sociedad civil a través de mecanismos efectivos de participación
ciudadana que permitan identificar los actos de corrupción cometidos en el Estado.
El último Índice de Percepción de la Corrupción elaborado por Transparencia
Internacional para el año 2008 ubica al Perú en el puesto 72 del ranking mundial con un
puntaje de 3,6. Un serio incremento con respecto al índice del año 2006, cuando
obtuvimos un puntaje de 3,3. Ello, no hace sino evidenciar que la política
anticorrupción no ha venido siendo lo suficientemente efectiva.
Es por ello, que convoco a las autoridades políticas para que juntos cerremos
filas y demostremos, como gesto de respeto a la ciudadanía, de honestidad y de
compromiso con nuestro país, nuestra firme decisión de combatir este flagelo. E invoco
a las autoridades judiciales, con el debido respeto de su autonomía, a que tomen la
decisión ejemplar de aplicar la máxima sanción penal posible a los funcionarios
corruptos que han mancillado el honor de los peruanos que día a día luchamos por la
transparencia y probidad en el ejercicio de nuestras funciones públicas.
En esa línea, es que el Poder Ejecutivo ha tomado la importante decisión de
adelantar la implementación del Nuevo Código Procesal Penal para que se aplique en
Lima y particularmente en el procesamiento de los delitos de corrupción. Los

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funcionarios corruptos que desempeñan cargos políticos o de confianza no podrán mas
ser beneficiados con procesos largos y tediosos que terminan en el olvido y con la
desaprobación ciudadana.
El pueblo exige que se aplique la ley y que se haga justicia y que esta sea pronta.
Eso es lo que nos garantiza este nuevo Código que, respetando los derechos
fundamentales de todas las personas, permite que los juicios sean llevados de manera
más transparente, más rápida y por tanto, más justa. Esa decisión ha sido adoptada y de
inmediato remitiremos al Congreso de la República el texto del Proyecto de Ley
correspondiente para su aprobación, que estoy seguro contará con el apoyo de los
señores Congresistas.
Concurso Público para la designación del Contralor
Bajo éste mismo espíritu de lucha frontal contra la corrupción, contribuiremos a
plasmar las políticas establecidas por el Presidente de la República en la materia. Para
ello, precisamente, fue que tomamos la firme decisión de formular una convocatoria
pública para la definición de candidatos al cargo de Contralor General, como base para
la propuesta del señor Presidente de la República al Congreso y conforme al mandato
constitucional. Esta decisión que marca un hito en la historia republicana de nuestro
país, fue tomada debido a la necesidad de cautelar la independencia, probidad y
solvencia moral del próximo Contralor, para que de este modo se garantice un ejercicio
técnico, intachable y justo en la fiscalización de los funcionarios y un control adecuado
de los bienes patrimoniales del Estado y del presupuesto público.
El Programa Umbral y acciones tangibles
de las políticas anticorrupción
Sin embargo, la lucha contra la corrupción no sólo exige que se designe un
Contralor honesto y probo. Este sólo es un primer paso. La lucha anticorrupción exige
fortalecer el Sistema Nacional de Control a fin de dotar de mayores competencias
técnicas y recursos a las entidades públicas vinculadas con la erradicación de este mal.
Asimismo, se requiere reorientar los procedimientos de control y el accionar de las
Oficinas de Control Interno de las entidades públicas hacia un rol preventivo y
concurrente, acorde con mecanismos modernos de gestión, que simplifique los
procedimientos y elimine los focos de corrupción en el Estado.
Para ello, potenciaremos el uso de los recursos ordinarios con los que contamos
con aquellos provenientes del Programa Umbral de la Cuenta del Desafío del Milenio,
producto del convenio de donación suscrito con el gobierno de los Estados Unidos.
Plan Nacional Anticorrupción
Para contar con un norte claro de lo que queremos y de lo que debemos hacer en
nuestra lucha decidida contra la corrupción, asumo el compromiso de aprobar en un
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plazo máximo de 45 días, un Plan Nacional Anticorrupción que planteará claramente
nuestra visión de un Estado y una sociedad sin corrupción y detallará las acciones
estratégicas que serán implementadas sin dilación, así como las entidades responsables
del cumplimiento de sus fines.
Una vez que este plan sea aprobado, es fundamental su “apropiación” por toda la
ciudadanía, para lo cual será presentado formalmente ante el Acuerdo Nacional, como
mecanismo de garantía de cumplimiento de nuestra política de lucha frontal contra la
corrupción. Que todos los corruptos queden notificados: en el Estado peruano no hay
lugar para los actos de corrupción. No habrá treguas ni dilaciones en investigar y
sancionar la corrupción.
Transparencia en las Agendas Públicas
Otro aspecto que quisiera destacar señores Congresistas, consiste en la necesidad
de fortalecer las normas sobre Gestión de Intereses en la administración pública.
Ya empezó el cambio y empezó por casa, porque hoy cualquier ciudadano puede
comprobar que todos los Ministros de Estado tenemos registradas nuestras Agendas en
la página Web y todos pueden ver qué hacemos y con quiénes nos reunimos. Esto
permitirá no solo fortalecer el control ciudadano de los funcionarios públicos, sino
también proteger el trabajo honesto de todos los funcionarios públicos.
Exhorto a ustedes, señores Congresistas para que, en aras de la transparencia y el
respeto que exige nuestra ciudadanía, tomemos esta iniciativa como gesto de rectitud,
honestidad y probidad en el ejercicio de nuestra función. Y como ejemplo que deberá
ser replicado en las distintas entidades de la administración pública. Además,
requerimos que también se incluyan las modificaciones normativas para que los
funcionarios y servidores públicos cuenten con la obligación legal de publicar en
nuestras páginas Web el registro de reuniones, así como los datos de identificación del
gestor de intereses y los principales temas tratados.
Sin perjuicio de ello, la Presidencia del Consejo de Ministros se compromete a
una real verificación del cumplimiento por parte de todas las entidades de la
administración pública de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información,
presentando a la ciudadanía un informe que detallen los resultados del análisis efectuado
y establezca mecanismos efectivos de sanción del incumplimiento. Ello permitirá
entablar un proceso educativo que nos comprometa a todas las autoridades públicas a
hacer transparente nuestros actos y responder a la ciudadanía con acciones concretas.
Impulsaremos también la próxima publicación del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, a fin de cautelar el manejo transparente de la información
sobre compras del Estado a través de la implementación del portal Perú Compras.
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Profesionalización del Servicio Civil
Asimismo, trabajaremos arduamente con la Autoridad Nacional de Servicio
Civil (SERVIR) en el fortalecimiento de las capacidades profesionales de los servidores
y funcionarios públicos, coadyuvando a promover su liderazgo y capacidad gerencial y,
promoviendo la profesionalización y la meritocracia en los tres niveles de gobierno.
SERVIR permitirá construir un sistema de capacitación, evaluación e información de
los funcionarios públicos que mejore la eficiencia y oriente su desempeño hacia el logro
de resultados tangibles, lo cual constituye un elemento gravitante de la lucha frontal
contra la corrupción.
Esta profesionalización de SERVIR nos permitirá volver transparentes los
procesos de contrataciones de personal en la administración pública y así evitar que la
corrupción ingrese desde las Oficinas de Recursos Humanos, mediante la asignación de
personal incompetente, ineficiente e inmoral que manche el honor de los miles de
servidores públicos que realizan diariamente sus funciones de forma honesta, y a
quienes desde aquí les envío mi más profunda admiración y reconocimiento.
Lucha Frontal contra la Corrupción y acciones específicas
Señor Presidente, la lucha contra la corrupción no puede ser flor de un día, no es
un asunto de moda. Es un tema serio que debe constituir una Política de Estado. Porque
la corrupción debilita al Estado y victimiza a los peruanos más pobres.
Es por eso que resulta necesario que las medidas anticorrupción sean
implementadas y aplicadas en todos los niveles del Estado pero también que se
comprometa en ellas al sector privado, como una fuerza viva sin cuyo concurso ninguna
iniciativa anticorrupción tendrá éxito.
La corrupción es una carretera de ida y vuelta. Siempre hay un corrupto y un
corruptor. La corrupción no distingue espacios privados y públicos, infecta todo. Por
eso es indispensable que nuestra vida ciudadana sea guiada por esta suerte de regla de
oro que debe inspirarnos: NO A LA CORRUPCIÓN, porque el crecimiento económico
sostenido solo será posible con un auténtico crecimiento moral. A ello dedicaré todos
mis esfuerzos y así lo harán también los Ministros de mi Gabinete. Estamos seguros que
pronto podremos rendir buena cuenta de ello al país.
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2.- PROFUNDIZACIÓN DE LA DESCENTRALIZACIÓN
En el 2002 iniciamos un nuevo intento de descentralización. Desde entonces, los
peruanos hemos elegido dos veces consecutivas gobiernos regionales en los
departamentos. Desde entonces, también, se ha promulgado un notable número de
normas para regular el proceso; se ha transferido formalmente el 88% de las funciones
sectoriales atribuidas legalmente a los gobiernos regionales; se ha incrementado
notablemente el volumen global de recursos presupuestales cuya ejecución corresponde
a los gobiernos regionales y locales; y se han ampliado los mecanismos de participación
ciudadana en las decisiones de esos gobiernos.
Sin embargo, en términos concretos, ¿cuánto ha cambiado el Estado peruano
para la gente como resultado de la descentralización? Es absolutamente cierto que entre
2003 y 2007 la inversión pública regional y local aumentó de S/. 1.479 a S/. 6.244
millones. Y también es verdad que hoy tenemos más escuelas, caminos, agua potable y
electrificación rural como resultado de la inversión de los tres niveles de gobierno.
Siendo todo esto cierto, ¿acaso hoy tenemos servicios públicos de mayor calidad
con equidad para todos?, ¿acaso hoy los peruanos estamos más satisfechos con lo que
recibimos del Estado?, ¿acaso hoy los peruanos más pobres de las áreas rurales de
nuestra Sierra y nuestra Selva reciben la misma cantidad y calidad de servicios que
aquéllos que vivimos en la Costa o en nuestras principales ciudades?
Y, ¿acaso hoy nuestros compatriotas de nuestras provincias más rurales y
localidades más alejadas disponen de las mismas oportunidades de prosperar que
aquéllos que vivimos en Lima, aún cuando nuestros indicadores de crecimiento
económico sean tan positivos como hoy?
Es verdad que necesitamos autoridades regionales y locales con mayor poder de
decisión, pero que también sean totalmente responsables de los efectos de sus
decisiones. Es verdad que necesitamos en las provincias funcionarios públicos con
menor incertidumbre en el empleo, pero también que nos aseguren ética y compromiso
en el servicio a los ciudadanos.
La descentralización, como la entendemos en el Poder Ejecutivo y en las
regiones, no puede quedarse sólo en una reforma interna del Estado. La
descentralización debe permitirnos construir un Estado al servicio de las personas, debe
permitirnos distribuir más equitativamente las oportunidades de desarrollo en todas las
regiones del país. Debe permitirnos llegar con más y mejores servicios básicos y
programas sociales a las personas con menores oportunidades relativas de acceder al
bienestar y a sus derechos más fundamentales. Si no, no nos sirve.
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Una visión compartida para el Perú descentralizado
Como provinciano y reciente Presidente Regional de Lambayeque, que ahora
tiene la oportunidad de presidir el Consejo de Ministros, lideraré un amplio diálogo para
construir juntos una visión compartida renovada de lo que queremos como resultado de
nuestra descentralización, luego de 27 años de elección democrática ininterrumpida de
autoridades municipales y de ya dos procesos sucesivos de elección de autoridades
regionales.
Necesitamos renovar y ampliar el consenso político, social e institucional que
permitió relanzar la reforma descentralizadora de nuestro país con la Ley de Reforma
Constitucional aprobada por el Congreso de la República en el año 2002. Por eso ahora
propongo al Congreso de la República un conjunto de medidas que nos permitirán
relanzar y profundizar el proceso de descentralización en el corto plazo.
Instalación del Consejo de Coordinación Intergubernamental
Para renovar este consenso vamos a necesitar dialogar y coordinar muy
cercanamente con los presidentes regionales y los alcaldes. Para ello propongo poner en
funciones, en el más breve plazo, el Consejo de Coordinación Intergubernamental que
manda la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, como instancia de encuentro y consenso
con los presidentes regionales y representantes de los alcaldes del país, para orientar,
monitorear y evaluar la política de descentralización.
El encuentro de estos tres niveles de gobierno significa reconocer que un Estado
unitario y descentralizado es necesariamente un Estado más interdependiente entre sus
partes y, por lo tanto, es un Estado en el que se requiere mayor diálogo y coordinación
entre sus niveles de gobierno. Con ello retomo la iniciativa puesta en práctica por el
Presidente de la República de llevar a cabo encuentros periódicos con los presidentes
regionales, en dos de los cuales me tocó participar como Coordinador de la Asamblea
Nacional de Gobiernos Regionales.
Ya tenemos varias propuestas de reglamento que consensuaremos con los
presidentes regionales y las organizaciones representativas de los alcaldes y que
aprobaremos mediante Decreto Supremo, de modo que ojalá en no más de 30 días
pueda tener el gusto de presidir la primera sesión de este imprescindible Consejo de
Coordinación Intergubernamental.
Avanzar hacia una descentralización fiscal efectiva
Hoy los gobiernos regionales y locales disponen de muchos más recursos que
antes. Si en el 2003 se les transfirió a través del presupuesto recursos totales por S/.
8.529 millones, en el 2007 se lo hizo por S/. 20.524 millones, un incremento de 140,6%.
Sin embargo, es un incremento de recursos fuertemente basado en transferencias por
Canon, particularmente por Canon Minero, asociado al incremento de los precios
internacionales de nuestros principales minerales. Me pregunto entonces: ¿qué pasará si,
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como ya ha sucedido debido a la actual crisis internacional, los precios de esos
minerales disminuyen?
Necesitamos ir hacia una base de recursos más predecible y sostenible para todas
las entidades de gobierno que componen el Estado, en relación más clara y equitativa
con sus responsabilidades de gasto. Ello permitirá también que, tanto cuando los
recursos aumenten como cuando disminuyan, todas las entidades de gobierno
asumamos los efectos en similar proporción.
Abordar este tema no será fácil: las expectativas por mayores recursos
seguramente excederán lo que permite nuestro ineludible compromiso con la prudencia
y responsabilidad en la gestión de las finanzas públicas. No podemos permitirnos agotar
en el presente los recursos que podemos otorgar en el futuro para incentivar la
integración de nuestros departamentos en verdaderas regiones. Por lo mismo, sabiendo
que es un tema en el que no será fácil construir un consenso, resulta impostergable que
lo pongamos en agenda e iniciemos su debate.
Para ello vamos a instalar con absoluta prioridad el grupo de trabajo para este
tema entre el Ministerio de Economía y Finanzas y la Asamblea Nacional de Gobiernos
Regionales, acordado por el Presidente de la República y los presidentes regionales en
el mes de abril, al que buscaremos sumar a los gobiernos locales y a las comisiones
respectivas del Congreso de la República, para lo cual les pido su apoyo y compromiso.
Fortalecer capacidades descentralizadas de gestión
Para que la descentralización tenga éxito e implique mejoras efectivas para la
gente, necesitamos mejorar la calidad, integridad y efectividad de la gestión pública en
todo el Estado, en particular en sus municipalidades más pequeñas y alejadas, que en la
realidad son las más cercanas a nuestra población rural más pobre. Con ese fin
necesitamos a lo largo y ancho del país funcionarios públicos mejor calificados,
motivados, éticos, comprometidos y efectivos en el servicio al ciudadano.
Para lograrlo requerimos una estrategia eficaz de fortalecimiento de capacidades
descentralizadas de gestión que pueda llegar efectivamente a los funcionarios regionales
y locales de todo el país. En este tema debemos reconocer que hasta la fecha no hemos
logrado muchos avances concretos.
Propongo entonces poner en juego, en alianza con la nueva Autoridad Nacional del
Servicio Civil, una estrategia distinta que pueda enlazar las demandas de formación de
nuestros funcionarios públicos con una oferta de capacitación que cumpla con los
estándares de calidad que requiere el Estado. Para que nos ayuden en este esfuerzo
sustantivo, convocaré a las autoridades de nuestras universidades públicas y privadas,
así como el apoyo de la cooperación internacional y de las organizaciones no
gubernamentales de desarrollo.
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Pero también necesitaremos que los sectores y los organismos rectores de los
sistemas administrativos del Estado definan objetivamente los perfiles de competencias
requeridos para los distintos cargos clave en nuestras administraciones públicas. Es
decir, que definan cuáles son las competencias mínimas que vamos a exigir para ser un
funcionario responsable de planificación y presupuesto, de contrataciones y
adquisiciones u otro cargo en la administración. Y también necesitaremos definir con el
Ministerio de Economía y Finanzas las facilidades que otorgaremos para que las
entidades públicas inviertan en la formación de su capital humano.
Retomar la integración regional
Los resultados adversos del referéndum sobre la formación de macrorregiones del año
2005 nos dejaron sin un norte claro para el proceso de integración regional. El Congreso
de la República está debatiendo un proyecto de ley para dejar sin efecto los plazos
normados para realizar siguientes referéndum; puede ser una medida necesaria pero no
suficiente.
El principal instrumento de que disponemos hoy para fortalecer la cooperación y
articulación entre gobiernos regionales son las Juntas de Coordinación Interregional.
Hoy existen 3 Juntas de Coordinación Interregional activas: INTERNOR, CIAM y
CENSUR. Sin embargo, para que estas Juntas puedan mostrar todos los beneficios del
trabajo conjunto para el desarrollo regional, necesitan de facilidades para ejecutar
recursos públicos en forma compartida.
Por eso vamos a constituir un grupo de trabajo entre el Ministerio de Economía
y Finanzas y representantes de las Juntas para estudiar y proponer los mejores
mecanismos para ello. Esperamos que una vez que podamos aprobar esos mecanismos,
nuestros gobiernos regionales del extremo sur del país logren conformar una Junta que
los represente.
También vamos a impulsar la conformación de regiones piloto, retomando la
iniciativa en este sentido lanzada por el propio Presidente Alan García al inicio de su
gobierno. Los Gobiernos Regionales de Amazonas y San Martín han sido los primeros
en tomar esta alternativa y expresar su voluntad de integrarse; y más recientemente
Ancash, Huánuco y Ucayali han expresado voluntad similar. Pedimos al Congreso de la
República que, conjuntamente, identifiquemos las restricciones existentes para hacer
posible la concretización de esas voluntades y comprometamos nuestro esfuerzo común
para efectuar las adecuaciones normativas que sean necesarias.
Finalmente, aunque reconozcamos que la efectiva regionalización del país deba
ser producto de las iniciativas de los departamentos, para darle una visión de conjunto a
este proceso cumpliremos con el mandato -hasta ahora no verificado- de la Ley de
Bases de Descentralización de proponer al país un Plan Nacional de Regionalización.
Pero éste no deberá ser una propuesta única de delimitación de regiones nacida de un
enfoque puramente técnico; eso no es posible en el Perú actual.
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Plantearemos más bien una propuesta de diversas alternativas de regionalización
para cada departamento del país, que le muestren a su población y autoridades los
beneficios y riesgos para el desarrollo regional de cada una de las alternativas, a fin de
informar y orientar sus decisiones futuras de integración regional.
Logros demostrativos en la descentralización de sectores prioritarios
Como he dicho, se ha transferido a los gobiernos regionales 88% de las
funciones sectoriales que les atribuye la ley. Además se han transferido a parte de los
gobiernos locales algunos programas sociales.
Pero, ¿qué ha cambiado para la gente? ¿Pueden los gobiernos regionales, solo por haber
recibido esas transferencias, hacer más de lo que podían hacer cuando se crearon? ¿Los
programas sociales transferidos son ahora más efectivos que antes?
La descentralización no se trata solamente de mover funciones o programas de
un nivel de gobierno a otro. No se trata tampoco de mantener intocados los pequeños o
grandes poderes que existen en la administración pública. Se trata de preguntarnos en
cada función pública, en cada programa, cuál es la manera más eficiente y eficaz de
llevar sus servicios a los ciudadanos y, a partir de ello, diseñar modelos de gestión
descentralizada de los servicios públicos por descentralizar, capitalizando las nuevas
alternativas de complementación entre niveles de gobierno que hace posible la
descentralización, a fin de asegurar mejoras efectivas en el servicio a la población.
Intentar esto simultáneamente en todos los Sectores es una tarea enorme y nos
hace atender más a la cantidad que a la calidad del proceso y sus resultados. Me
comprometo entonces durante mi gestión al frente del Consejo de Ministros a lograr
resultados concretos que muestren esta nueva ruta en la descentralización de funciones
sectoriales, al menos en tres Sectores prioritarios particularmente claves en sus impactos
para la población más pobre y excluida: Salud, Agricultura y Mujer y Desarrollo Social.
Nuevas leyes orgánicas sectoriales enmarcadas en la descentralización
Como parte del proceso de implementación de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo se ha propuesto al Congreso de la República los proyectos de nueva ley
orgánica de varios Sectores.
Es indispensable que antes de su aprobación nos aseguremos que estas leyes
orgánicas estén adecuadamente enmarcadas en el nuevo escenario que significa la
descentralización y expresen el nuevo rol rector que corresponderá a los Sectores en ese
escenario.
Para ello la Presidencia del Consejo de Ministros, a través de su Secretaría de Gestión
Pública, viene llevando a cabo un proceso de consulta y validación con los gobiernos
regionales de las matrices de competencias y funciones de dichos Sectores resultantes
de su descentralización.
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Con el debido respeto a su autonomía, quiero pedirle al Congreso de la
República en esta ocasión que aplace el debate y aprobación de esas leyes orgánicas
sectoriales hasta que podamos concluir el proceso de consulta de esas matrices
sectoriales.
Implementación y consolidación del CEPLAN
Luego de varios años de espera, se promulgó el Decreto Legislativo 1088 que
crea el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y su órgano rector, el Centro
Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN). Su objetivo es recuperar la
planificación como actividad estratégica del Estado, expresada en el diseño de un Plan
Estratégico de Desarrollo Nacional, en consenso con el sector privado y la sociedad
civil, y articulado a los planes regionales y locales de desarrollo concertado.
Por su importancia en la construcción de una visión de futuro que nos reúna a los
peruanos en torno a objetivos comunes, así como en el ordenamiento de la acción
pública de modo que contribuya efectivamente a convertirnos en una sociedad más justa
e inclusiva, durante mi gestión respaldaremos decididamente la efectiva implementación
del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y el CEPLAN.
3. DESARROLLO ECONÓMICO CON INCLUSIÓN SOCIAL
Y REDUCCIÓN DE LA POBREZA
La decisión y el significado de seguir creciendo
Luego de profunda y objetiva evaluación de la salud de la economía peruana, el
Gobierno Central ha reafirmado su decisión de mantener la inversión pública en
infraestructura y servicios para que nuestra economía y nuestras regiones sigan
creciendo. ¿Pero qué significa en la práctica que proyectemos crecer, como mínimo,
6,5% en el 2009?
Primero, que nos mantendremos ocho años seguidos como el 2º país de mayor
crecimiento promedio entre las 40 naciones de América. Segundo, que nuestra
economía crecerá cuatro veces más que nuestra población, lo que quiere decir que los
niveles de ingreso de los peruanos seguirán aumentando vigorosamente. Y, tercero, que
podremos concentrar más recursos en acciones dirigidas a reducir la pobreza y ampliar
la infraestructura requerida para conectar y potenciar nuestro mercado nacional y
nuestros mercados regionales.
Pero lo más importante es que este crecimiento nos brinda las condiciones para
que contemos con un Estado más capaz que llegue y enganche al progreso a la
población más necesitada a través de la implementación de políticas públicas
específicas en terrenos diversos como el desarrollo rural, las micro y pequeñas
empresas, la descentralización con equidad o la profesionalización del servicio civil.
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De acuerdo a la Encuesta Nacional de Hogares del INEI, en los últimos siete
años los peruanos hemos reducido la pobreza de 55% a 39%. Esta es una clara señal de
que avanzamos en la dirección correcta. Sin embargo, nos hemos planteado reducir la
pobreza a un tercio de la población, un desafío que supondrá esfuerzos mayores que
hasta ahora.
Preparados para una nueva ola de crecimiento global
El Perú se ha acercado en años recientes al grupo de países de nivel de desarrollo
medio. Sin embargo, falta mucho por hacer. Estamos en el mejor momento, a pesar de
la crisis financiera internacional, para incrementar nuestro liderazgo dentro del
continente y para garantizar que nuestra gente continúe mejorando su vida. En ese
sentido, tenemos que valorar el hecho significativo de que, al final de este período de
gobierno, el ingreso per cápita de los peruanos será el triple que una década antes.
Por eso es importante no ceder terreno en el campo de la inversión en
infraestructura y de la inversión productiva. Podemos salir reforzados de esta crisis si
seguimos sembrando la infraestructura necesaria para garantizar nuestro crecimiento
futuro y si construimos, a través de políticas públicas concretas, un Estado que llegue al
ciudadano, particularmente a los más pobres que no pueden sumarse a los beneficios de
la modernidad con la simple inercia del crecimiento económico. Si hacemos eso, y
continuamos creciendo justamente ahora que los países ricos no lo hacen, estaremos
mejor parados para montarnos sobre una nueva ola de crecimiento cuando las grandes
potencias pisen nuevamente el acelerador.
Ese es el mensaje que debemos recoger de países como la India y la China, que
en plena crisis global envían una clara señal al mundo de su intención de seguir
liderando el crecimiento global. El centro del mundo ha cambiado hacia la cuenca del
Pacífico, que es nuestra comarca natural, y estamos en inmejorables condiciones para
seguir sacando ventaja de ese cambio fundamental de eje gravitatorio, pues hoy estamos
bien conectados a esa región del mundo, que es la que más crece.
Energía e infraestructura para el crecimiento
Como nuestra producción sigue creciendo, el Perú requiere generar 400
megavatios adicionales de electricidad por año, y un total de 1,600 megavatios en el
período 2009-2012. Por ello estamos tomando una serie de medidas dirigidas a cubrir
las necesidades futuras del país en materia energética y así estar preparados para
aprovechar el siguiente ciclo de crecimiento económico mundial.
En lo que va del actual gobierno, el Estado peruano ha ahorrado unos 6,000
millones de dólares en generación eléctrica con el aporte del gas, mientras que nuestra
dependencia en el petróleo residual y diesel descendió, en el mercado de energía
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comercial, de 70% a 53% en los cuatro últimos años. Continuar en esa dirección es
mandatario si consideramos que el precio del petróleo, que hace solo unos meses llegó a
145 dólares por barril, puede perfectamente volver a subir.
Pero la estrategia del subsector energía es seguir diversificando nuestras fuentes
de energía y no solo depender del gas natural, que es un recurso no renovable. Tenemos
que ir progresivamente hacia el uso de energías renovables. El error del pasado fue fijar
tarifas que desalentaban la inversión. Pero hoy contamos con un marco legal promotor
del uso de energías renovables, particularmente hidráulicas, que contempla la compra
garantizada de energía por las distribuidoras a las generadoras por 20 años.
Pero, ¿qué estamos haciendo para protegernos frente a una crisis energética? En
el corto plazo, hacia mayo de 2009, contaremos con 300 megavatios adicionales
generados a diesel que Electro Perú contratará para atender la demanda hasta que
concluya la ampliación del ducto de Camisea, a fines del 2009 y principios del 2010. La
finalización de esta obra nos permitirá triplicar la capacidad de transporte de gas para
generar más de 1,000 megavatios adicionales con centrales térmicas a gas natural. Para
este propósito se dará prioridad al uso eficiente a través de la tecnología de ciclo
combinado, que hace posible generar 50% más de electricidad con la misma cantidad de
gas.
El tercer componente será la generación, hacia el año 2011, de 500 megavatios
en parques eólicos ubicados a lo largo de la costa peruana, gracias a que hoy existen
reglas competitivas para la compra de este tipo de energía. Este volumen es
aproximadamente el 7% de nuestra cartera de 6,500 megavatios generados por la fuerza
del viento que cuentan con concesiones de estudio temporales.
El cuarto componente es una fuerte campaña de generación hidroeléctrica que
hará posible, hacia fines de 2012 o inicios de 2013, comenzar a operar un primer grupo
de centrales que generarán no menos de 500 megavatios adicionales, como resultado de
la primera de varias rondas licitatorias. De esta forma, totalizaremos una generación
adicional de energía suficiente para cubrir totalmente la demanda necesaria para
sostener nuestro ritmo de crecimiento futuro.
Finalmente, debo señalar que hemos puesto en marcha un plan de uso eficiente
de la energía que contempla la sustitución de millones de focos o bombillas
convencionales por focos ahorradores, lo que hará posible la reducción de 80% en el
consumo de energía doméstica por este concepto. Un aporte esencial que irá
directamente al bolsillo de más peruanos. Para ello hemos llegado a acuerdos con las
distribuidoras de provincias a fin de que el poblador se le descuente un sol por mes por
cada foco sustituido. Similarmente, debo destacar que ya hoy el 10% del parque
automotor nacional se mueve a gas natural vehicular en Lima y a gas licuado de
petróleo en provincias. Otro aporte que también va directamente al bolsillo de los
peruanos.
17
La infraestructura de transporte es igualmente clave para prepararnos para el
crecimiento futuro y para elevar la competitividad del país, ya que reduce los costos de
nuestros productos y permite la mejora de los servicios de transporte y logística
ofertados al público y al sector productivo. Es de destacar que en el 2009 se ejecutarán
inversiones en 12 aeropuertos concesionados por 115 millones de dólares y que el
concesionario del aeropuerto Jorge Chávez prevé invertir 39 millones de dólares. En el
año 2014, nuestro primer terminal aéreo tendrá la capacidad para atender a 10 millones
de pasajeros al año. Y eso significa más conectividad no solo para recibir turistas, sino
también entre los pobladores de más rincones del Perú.
Por otro lado, en el nuevo terminal de contenedores del Puerto del Callao - Zona
Sur, se estima que el concesionario invertirá el próximo año 162 millones de dólares, de
un total de 617 millones de dólares previstos. Esto, aparte de ponernos en mejores
condiciones para seguir aumentando nuestras exportaciones, también aumentará nuestra
conectividad con el mundo.
Aún tenemos que cerrar una brecha de infraestructura nacional que asciende a
23.000 millones de dólares en vialidad, puertos, agua y saneamiento, gas natural y
electricidad. En ese sentido, debe destacarse que, en solo dos años, la brecha en
infraestructura de telecomunicaciones se ha reducido al 22%, pasando 4.500 millones de
dólares a solo 1,000 millones de dólares.
El impulso decisivo de la minería y los hidrocarburos
La minería sigue siendo el sector que más contribuye a la producción del país, a
sus exportaciones y a la captación de divisas. En este año 2008 se espera que las
exportaciones mineras lleguen a 19.200 millones de dólares, lo que representará un
crecimiento de 10,8% con respecto al año 2007, a pesar de la caída de los precios
internacionales de ciertos metales como el oro, el cobre y el zinc. La cartera estimada de
proyectos de inversión para el nuevo periodo que estamos comenzando abarca 33
proyectos mineros que, en conjunto, ascienden a más de 21.000 millones de dólares.
Otro sector decisivo para nuestro desarrollo futuro es el de hidrocarburos. En el
año 2007 el país contaba con 24 nuevos contratos suscritos de licencia para la
exploración y explotación de hidrocarburos, un gran salto en relación con los apenas 2
del año 2000. Pero este 2008 el Perú cuenta con más de 80 contratos de explotación y
de exploración suscritos, más del triple que el año pasado. De esta forma, podremos en
corto tiempo convertirnos en un importante jugador regional en materia de energía, pues
contamos con las condiciones y los recursos para incorporar este factor decisivo en la
ecuación de nuestro desarrollo.
Mercado o protección social: una falsa disyuntiva
Más de 87 meses continuos de crecimiento económico están cambiando la
historia del Perú y cambiando la vida de la gente para bien. Es un hecho irrefutable.
Gracias al aliento del boom exportador, hemos avanzado en forma considerable en el
18
aprendizaje de la apertura comercial y en el reconocimiento de los beneficios derivados
de ella.
En cambio, el crecimiento económico es una experiencia más o menos nueva
que nuestros compatriotas solo podrán asimilar y valorar enteramente en la medida en
que ese crecimiento sea más inclusivo y, como país, seamos capaces de crear una red de
protección social. Creo firmemente en un Estado conectado con el peruano emergente
del siglo XXI y con la modernidad, pero también en un mercado para todos.
Una nueva relación Estado-Mercado
Tenemos que alcanzar un nuevo equilibrio entre los principios del mercado y los
fines de la sociedad. Entiendo que ese es el mandato que debemos impulsar, de la mejor
manera, en este nuevo momento del Perú. Un nuevo equilibrio Estado-mercado es
fundamental para que todos los peruanos generemos más valores útiles para el
desarrollo y construyamos juntos una nueva mentalidad dialogante y ganadora.
Las voces que nos dicen que tenemos que optar de manera excluyente por el
mercado o por la protección social de nuestro pueblo solamente entrampan nuestras
decisiones. No nos confundamos: la moraleja de la actual crisis financiera internacional
no es que el mercado haya dejado de ser el mayor generador de bienestar, sino que
debemos regularlo mejor y acompañar esa regulación, en el caso del Perú, con políticas
públicas específicas que corrijan las desigualdades. Hay progresos que los pobres no
pueden lograr sin el apoyo del Estado, por más infraestructura que sembremos. La tarea
de acercar a los productores pobres al mercado demanda favorecerlos con políticas
públicas que les brinden capacitación, información, acceso al crédito y apoyo para su
organización, entre otros impulsos.
Las naciones hermanas del continente cuyos gobiernos le han dado la espalda al
mercado y a la competencia internacional no son precisamente aquellas a las que les
está yendo mejor, especialmente ahora. Podemos perfectamente utilizar la apertura a la
economía mundial –e incluso esta crisis de los países ricos– no solo como herramienta
para modernizar al país, sino también como oportunidad para transformarnos hacia
adentro y sumar a muchos más peruanos al progreso.
Mayor acceso a la vivienda, el agua y la electricidad
Los peruanos queremos igualdad de oportunidades. Y a ello están contribuyendo
diversas acciones que se vienen ejecutando desde agosto de 2006, comenzando por el
financiamiento, la construcción y el mejoramiento de 100,000 viviendas a la fecha, así
como la entrega, a través de COFOPRI, de un total de 417.000 títulos de propiedad en
las zonas urbanas y rurales del país. El sector Vivienda continuará trabajando con
ahínco para alcanzar al final de este quinquenio de gobierno la meta de 250 mil
viviendas construidas, para beneficio de 1’125.000 peruanos, así como la entrega de un
total de 800 mil títulos de propiedad en el campo.
19
En el ámbito del Programa Techo Propio, igualmente desde agosto de 2006, se
han desembolsado 9.400 bonos familiares habitacionales por un monto que supera los
124 millones de soles, mientras que el Banco de Materiales ha entregado 27,000
créditos hipotecarios por más de 416 millones de soles para beneficio de 121.000
compatriotas. Continuaremos entregando bonos familiares y créditos hipotecarios para
ampliar facilidades para el acceso a una vivienda digna de las familias peruanas de
escasos recursos en todo el territorio nacional.
Asimismo, este Gobierno, a través del Programa Agua para Todos, viene
ejecutando 769 proyectos de ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua
potable y alcantarillado del país, con una inversión de 915 millones de soles. Hasta el
momento ya ha concluido 210 de esos proyectos, en beneficio de más de 1.200.000
peruanos. SEDAPAL, por su parte, trabaja en 5 megaproyectos con una inversión 2 mil
700 millones de soles, que beneficiarán a 5 millones de habitantes. Redoblaremos
esfuerzos para que en el año 2011, una década antes de nuestro bicentenario, 90 de cada
100 peruanos tengan acceso al servicio de agua potable, 83 de cada 100 cuenten con
servicio de alcantarillado y 62 de cada 100 cuenten con tratamiento de aguas residuales.
Para la ciudad de Lima, la meta es lograr una cobertura de 100% en estos tres aspectos.
Con ello no solo se elevará la calidad de vida y el desarrollo humano de la población,
sino que se reducirá el nivel de contaminación de nuestro mar y de nuestros ríos, lo que
será un paso importante en la recuperación de los ecosistemas.
En materia de electrificación, en los primeros 27 meses del actual gobierno han
accedido a la energía eléctrica 895.000 peruanos que antes no contaban con luz en sus
hogares. De ellos, 360 mil son residentes de 274 asentamientos humanos de las ciudades
ubicadas en las áreas de concesión de las empresas distribuidoras de electricidad. Y
535.000 son pobladores rurales que viven en 107 mil viviendas de 2.094 localidades del
interior del país.
Ellos se han beneficiado de 208 obras ejecutadas por la Dirección General de
Electrificación Rural con una inversión de 272 millones de soles, en algunos casos
directamente y en otros, en fructífera cooperación con gobiernos regionales y locales y
con empresas eléctricas. El próximo año ejecutaremos en todo el país 503 proyectos de
electrificación rural, por un monto de 311 millones de soles, que elevarán el número de
nuevos usuarios campesinos de electricidad a 1’050.000. No está demás destacar el
contundente mejoramiento en el nivel de vida que representa para las localidades más
apartadas alargar, gracias a la luz eléctrica, tanto su día de estudio como su jornada
productiva.
Salud y nutrición: en defensa de la vida
En coordinación con los gobiernos subnacionales y los distintos sectores se vienen
implementando labores de promoción para disminuir la mortalidad materna, la
mortalidad infantil y la desnutrición crónica en zonas de extrema pobreza de nuestro
país.
20
Gracias a estas acciones, la tasa de mortalidad materna habrá descendido de 170
por cada 100,000 nacidos vivos en el 2005 a 150 por cada 100,000 nacidos vivos en el
2008. Por su parte, la tasa de mortalidad infantil habrá descendido, entre 2006 y 2008,
de 21 a 17,8 por cada mil nacidos vivos, ya muy cerca de la meta nacional de 15 por
cada mil nacidos vivos en el año 2020.
Ambos resultados son producto de políticas específicas emprendidas en el sector
Salud, como el incremento del parto institucional en las zonas rurales, la promoción de
los métodos de planificación familiar, la adecuación cultural de los servicios, de lo que
son ejemplos el parto vertical y el equipamiento de más de 400 casas de espera en
regiones que presentan condiciones culturales especiales, como Andahuaylas,
Ayacucho, Huánuco, Puno, La Libertad y Junín.
También se han logrado avances notorios en la reducción de la desnutrición
crónica en menores de 5 años, que en el 2006 era de 26% y que a fines de este año
descenderá a 21%. Planteamos reducir ese indicador a 17% para fines del año 2011.
Este descenso se debe a políticas públicas como la prevención y tratamiento de
enfermedades diarreicas agudas y de infecciones respiratorias agudas, la disminución de
la prevalencia de la anemia en niños de 5 a 59 meses, la promoción de la lactancia
materna exclusiva en menores de seis años, el mantenimiento de niveles óptimos de
coberturas de vacunación y la promoción del cuidado infantil en instituciones
educativas.
Programas intersectoriales como Juntos, Crecer, PRONAA y otros también han
contribuido significativamente a mejorar la salud y la nutrición de los peruanos más
vulnerables y en situación de extrema pobreza, riesgo y exclusión social.
El sector Salud continuará apoyando al Programa Nacional de Apoyo Directo a
los Más Pobres, JUNTOS, mejorando la oferta de los servicios de salud a través del
aseguramiento y de la atención de calidad para la población.
También seguiremos apoyando la prevención del uso de drogas y del alcohol, y
contribuyendo con la paz social a través de la rehabilitación mental de las personas que
han sufrido los efectos del terrorismo.
Asimismo, fortaleceremos la función rectora en materia de conducción de
políticas, planeamiento estratégico y formulación de estándares tanto en el Ministerio
de salud como en los gobiernos regionales.
Debemos subrayar que el Ministerio de Salud ha cumplido con transferir todas
las funciones a los gobiernos regionales. En el año 2009 se culminarán las transferencias
de recursos presupuestales y se iniciará un proceso intensivo de fortalecimiento de las
competencias para su conducción.
21
Educación con impacto directo en la capacidad de aprender
La educación, como todos sabemos, es una esfera clave para el país. Una
prioridad de la actual gestión es lograr una educación con equidad y calidad. En ese
sentido, reafirmamos nuestro compromiso de hacer de la educación una herramienta
clave de lucha contra la pobreza y de continuar los esfuerzos para mejorar las
condiciones del servicio educativo público, con el objetivo que todos los alumnos
desarrollen las capacidades suficientes que les permitan lograr aprendizajes
significativos.
Con tal propósito, se consolidará la cultura de evaluaciones, que implica diseñar
programas de capacitación para docentes y reajustar el diseño curricular nacional. Los
resultados de las evaluaciones, como parte de la rendición de cuentas y de la
transparencia de los procesos, serán devueltos a cada uno de los actores involucrados en
el quehacer educativo e informados a la sociedad en general.
Se impulsará una movilización nacional para fomentar la lectura en niños y
jóvenes, con el propósito de contribuir a superar los niveles de Comprensión Lectora. Se
espera que el año 2011 el 35% de los estudiantes de Tercer Ciclo de Educación Básica
Regular obtengan un nivel de logro suficiente en esa área y que el 30% mejore sus
logros en Lógico Matemática.
Por otro lado, se prevé universalizar el uso de las Tecnologías de Información y
Comunicación mediante la distribución gratuita de laptops a los alumnos, el
otorgamiento de facilidades a los docentes para su adquisición y la instalación de la
Televisión Educativa. Todas estas medidas están orientadas a facilitar el trabajo docente
y a elevar los aprendizajes de los alumnos, en el marco de un modelo pedagógico
innovador.
Con la finalidad de resolver el histórico problema del analfabetismo que afecta
nuestro país, se intensificará la atención a iletrados. Este proceso se complementará con
la post-alfabetización para las personas que hayan logrado aprender las habilidades
básicas en lectura, escritura y matemáticas. La meta del año 2011 es reducir la tasa a
menos de 4%, indicador internacionalmente reconocido para considerar a un país libre
del analfabetismo.
Otro aspecto de la educación en el que pondremos énfasis es la creación de un
nuevo magisterio nacional que considere el mérito y el esfuerzo del docente como
componentes de su desarrollo profesional. La Carrera Pública Magisterial resulta un
elemento fundamental en este ámbito y se desarrollará en función a los aportes y las
recomendaciones de la comunidad educativa y de la sociedad civil que han enriquecido
la propuesta original.
Por otro lado, dado que es imperativo garantizar la seguridad y la salubridad de
alumnos y docentes de las instituciones educativas públicas, se continuará con el
22
mantenimiento preventivo básico de locales escolares y con la rehabilitación y
sustitución de la infraestructura educativa, con la participación de los Gobiernos
Regionales y Locales.
No cabe duda, finalmente, de que en el actual contexto de globalización,
debemos impulsar la pronta aplicación de los estándares y criterios de evaluación y
acreditación de las instituciones superiores de formación docente, a cargo de los
órganos operadores del SINEACE.
Producción para una mejor nutrición
Un importante aporte para paliar la pobreza son las campañas permanentes del
sector Producción, las cuales han hecho posible, desde agosto 2006 a setiembre del
presente año, por ejemplo, elevar el consumo humano de anchoveta en 130% y el
consumo de pescado en general a 21 kilos por habitante al año. Más espectacular,
todavía, es el incremento de 1.370% en los desembarques de atún para plantas de
procesamiento peruanas, que ha pasado de 800 toneladas a 14.700 toneladas. Estos
logros han permitido orientar la pesca hacia productos de mayor valor agregado, así
como aumentar la ingesta de proteínas en nuestros niños, tan necesarias para el
desarrollo de sus facultades de aprendizaje.
Mejor ambiente, menor pobreza
En el año 2009, el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana iniciará
la ejecución de un nuevo plan estratégico orientado al fortalecimiento de las políticas
nacionales de desarrollo sostenible de la Amazonía para la reducción de la pobreza, la
seguridad alimentaria, el mejoramiento de la calidad educativa, la gestión de recursos
hídricos y la adaptación al cambio climático. Para el año 2009 se prevé la producción de
8 millones de alevinos de peces de especies amazónicas y la transferencia de tecnología
a más de 20 comunidades indígenas y mestizas, incluidas algunas del VRAE. También
se producirán 1,5 millones de plantones de camu camu, sacha inchi, cocona y otras
especies que serán distribuidas a familias y pequeños productores de las cinco regiones
amazónicas.
El Ministerio del Ambiente entrará en pleno funcionamiento en enero de 2009.
Hasta el momento se ha concluido la fusión del Consejo Nacional del Ambiente
(CONAM) y se está estructurando el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas
(SEENANP) y la Oficina de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). Igualmente,
se ha concluido la preparación de las competencias ambientales del Gobierno Nacional,
de los Gobiernos Regionales y de los Gobiernos Locales.
No obstante su corta vida institucional, en el medio año transcurrido desde su
creación, el Ministerio del Ambiente ha lanzado cuatro importantes programas:
Programa de Municipios Ecoeficientes, Programa de Ecoeficiencia en el Sector Público,
Programa de Ecoeficiencia Empresarial y Programa de Ecoeficiencia en Escuelas y
Colegios.
23
Además, ya han sido elaboradas las políticas nacionales sobre bioseguridad y
biotecnología, biocombustibles y cambio climático, y está en preparación y
concertación la Política Nacional del Ambiente, para dar cumplimiento al mandato
constitucional. También se encuentran en preparación y concertación el Plan de Acción
Ambiental, la Agenda Ambiental y el Informe sobre el Estado del Ambiente 2008.
Para el año 2009, el Ministerio del Ambiente ha programado desarrollar una
“iniciativa de bosques para enfrentar el cambio climático”, en busca del
aprovechamiento de 54 millones de hectáreas de bosques, sobre todo en la Amazonía.
Asimismo, dicho sector realizará los estudios para la rehabilitación de cuencas
deterioradas, como las del Lago Titicaca y los ríos Mantaro, Rímac y Chili, y para
apoyar a los gobiernos regionales y locales en el logro de una gestión ambiental
eficiente.
Protección de la pequeña empresa y del empleo
En los últimos dos años, el sector industrial creció a un ritmo promedio de 12%
anual y se afirmó como una importante locomotora del crecimiento del país. En cuanto
al desarrollo de las micro y pequeñas empresas (MYPE), que generan la gran parte del
empleo, ocupando a 45% de la población económicamente activa, ha habido un gran
avance en el terreno de la capacitación y asistencia, sobre todo en materia de gestión
empresarial y de procesos productivos. En este nuevo periodo, se hará un esfuerzo en la
formalización de estas empresas a través de la promoción de la nueva Ley MYPE, que
también será implementada con los gobiernos regionales. Un objetivo de esta ley es
brindar a las micro y pequeñas empresas beneficios tributarios que alienten su
formalización (como, por ejemplo, un nivel de impuesto a la renta de 1,5 por ciento al
mes y una depreciación acelerada de activos). Otro objetivo es que los trabajadores de
estas empresas accedan a beneficios sociales (como, por ejemplo, seguro de salud y
jubilación).
En materia laboral y de empleo, se seguirá consolidando el proceso de diálogo a
través de la plataforma tripartita del Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del
Empleo, en cuyo ámbito se discute el aumento de la productividad y de los salarios; las
políticas a favor del crecimiento económico y del empleo; los cambios necesarios para
el fomento de las inversiones y para la protección del trabajador en el marco de los
procesos de apertura comercial; y los niveles de acceso a la protección social.
Asimismo, en materia de defensa de derechos de los trabajadores, el gobierno
impulsará la implementación del Plan Nacional de Registro Obligatorio de Trabajadores
o plan RETO, dirigido a verificar el cumplimiento de dos materias principales: el
registro de trabajadores en la planilla y el uso correcto de los contratos sujetos a
modalidad previstos por la ley. Ello hará posible una mayor fiscalización de los
despidos injustificados.
24
En materia de promoción del empleo, se continuará impulsando el Programa
Construyendo Perú, dirigido a generar empleo temporal para población desempleada
rural y urbana en pobreza o pobreza extrema a través del financiamiento de obras y
servicios intensivos en mano de obra. Y en alianza con los gobiernos regionales, se
elevará la calificación laboral de la PEA juvenil a través del proyecto Descentralizando
Pro Joven, que se ejecutará sobre todo en zonas rurales y de extrema pobreza.
Promoveremos asimismo el proceso de bancarización, con el objetivo de establecer de
manera gradual el pago obligatorio de las remuneraciones de los trabajadores a través
del sistema financiero, con el fin de garantizar que no se paguen remuneraciones
inferiores a la mínima y de promover el acceso al sistema financiero de los segmentos
menos favorecidos del país.
Apoyo al desarrollo de la agricultura
En lo que respecta al sector agrario, la política en curso está diseñada para
generar impactos asociados a la mejora sostenida de los ingresos agrarios y para superar
problemas estructurales tales como la atomización de la propiedad agraria, el atraso
tecnológico y el ineficiente sistema de comercialización, entre otros.
La experiencia de planificación agraria en el Perú, desde que se instauró como
proceso en la administración pública, muestra que no ha contribuido a una gestión
eficaz y eficiente del agro. Entre los factores básicos que explican esta situación, que es
necesario reconocer, destacan: la inestabilidad, la dispersión institucional y la escasa
articulación, la falta de unidad de dirección, la ausencia de participación de la sociedad
civil y la excesiva planificación nominal.
En este contexto, debo destacar que es política de Estado priorizar el Sector
Agrario. Para ello se viene impulsando un proceso de modernización orientado al logro
de tres objetivos estratégicos: elevar el nivel de competitividad de la actividad agraria,
promover el aprovechamiento sostenible y eficiente de los recursos naturales y de la
biodiversidad y lograr el acceso a los servicios básicos y productivos por parte del
pequeño productor agropecuario.
Entre los instrumentos, programas, proyectos, acciones y medidas en curso
consistentes con la política agraria propuesta destacan, entre otros: la reorganización del
Ministerio de Agricultura, el acceso al crédito, la promoción de las inversiones públicas
y privadas, el programa de compensaciones para la competitividad, el programa de
desarrollo productivo agrario rural - AGRORURAL, el plan de implementación y de
aprovechamiento del TLC, los sistemas de información agraria, el planeamiento del IV
Censo Agropecuario, la simplificación administrativa/ventanilla única y la mejora del
capital humano en el Ministerio.
Se avanzará también en la reconversión productiva de la pequeña agricultura,
con énfasis en la sierra y en la selva, a través de procesos de titulación, capacitación,
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otorgamiento de créditos oportunos, concentración de la oferta y de la información
comercial. En los últimos 12 años, unos 2 millones de predios rurales individuales han
sido inscritos por el Estado peruano, pero quedan aún aproximadamente 1,4 millones
por inscribirse.
Al 2011, se proyecta conformar 110 alianzas productivas orientadas a la
exportación, así como 256 organizaciones de productores y agentes de cadena pecuaria,
a través de proyectos agrícolas y ganaderos financiados.
En años recientes, la inversión pública en agricultura ha priorizado pequeños
proyectos dispersos a nivel nacional, la mayoría de ellos sin sostenibilidad en el tiempo.
Y además la inversión pública ha sido orientada sobre todo a obras de infraestructura
hidráulica. Sin descuidar estos proyectos, en este nuevo periodo el sector dará prioridad
a la inversión pública orientada a la generación de capacidades en los agricultores, de
modo que sean ellos, y no el Estado, quienes decidan el destino de los recursos de
inversión, en función de sus necesidades y realidades locales.
La nueva organización del sector público agrario constituirá el marco adecuado
para superar los estilos de gestión de compartimento estanco, de duplicación y
superposición de funciones. En tal sentido, se esta concluyendo el ordenamiento de las
entidades que conformarán la nueva organización.
Asimismo se impulsará y concertará con los gobiernos regionales y locales las
siguientes iniciativas:
(i) la implementación de un Sistema Descentralizado de Planificación
Agraria que incorpore a los 3 niveles de gobierno y que permita
armonizar las iniciativas públicas en materia agraria y hacer sostenible la
intervención estatal en el agro, evitando el constante cambio de rumbo. Y
(ii) la elaboración de un “Plan Estratégico Agrario” de mediano Plazo, en el
ámbito de cada Gobierno Regional, que permita identificar las
potencialidades territoriales y la adecuación de las políticas nacionales en
materia agraria a cada ámbito particular.
También se evaluarán mecanismos que permitan fortalecer a AGROBANCO de tal
manera que se facilite el acceso al financiamiento de los pequeños productores de una
manera oportuna y directa.
En el marco del proceso de descentralización, el Ministerio de Agricultura
impulsará la culminación de la transferencia a los Gobiernos Regionales de los
proyectos especiales pendientes.
Quiero hacer hincapié en que estos proyectos especiales, que son grandes
generadores de empleo, deben de convertirse en uno de los principales motores de
desarrollo de las regiones. Lo podemos observar en La Libertad, en el caso específico de
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Chavimochic, que con 15 mil hectáreas nuevas incorporadas en una primera fase de 50
mil que tienen como potencial, está exportando más de 320 millones de dólares en el
presente año y han generado más de 40,000 empleos, sin considerar la economía
indirecta que se crea alrededor de la actividad principal. No solo ello, sino que están
incorporando en el proceso productivo a los pequeños agricultores de los valles
antiguos, transfiriéndoles tecnolo

Piczo